Uno de los capítulos más importantes de la saga “Las agendas de Nadine Heredia” se desarrolló ayer en nuestro escenario político, el cual remeció los cimientos del Ejecutivo.
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Durante la jornada, el Gobierno decidió destituir a la respetada procuradora Julia Príncipe, la funcionaria mejor reputada del país en la lucha contra el delito de lavado de activos.
Aunque nadie en el Gobierno lo admitió, los opositores asumen que la razón esencial de su cese sería la irritante independencia de Julis Príncipe y su postura, según la cual la Primera Dama y esposa del Presidente debía someterse a las investigaciones como cualquier otro ciudadano.
Cuando esto parecía demasiado, el tinglado del oficialismo volvió a remecerse. El ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, precisamente el jefe de la procuradora expulsada, anunció en la tarde, bastante ofuscado, que su renuncia irrevocable había sido aceptada por el presidente Ollanta Humala.
Finalmente, el Tribunal Constitucional (TC), horas después, resolvió dejar sin efecto el fallo judicial que archivó las investigaciones a la señora Nadine Heredia (véase detalles en la página 4 de esta edición).